El gobierno de La Habana quiere cobrarle un impuesto de entre el tres y cuatro por ciento de sus ingresos a los peloteros que firmen contratos, a tenor del acuerdo recientemente anunciado entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol (FCB).
Así lo establece la ley del presupuesto del 2019, publicada el fin de semana en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, lo cual ratifica el anuncio que a finales del año pasado hiciera ante el parlamento de la isla la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, el cual fue reseñado por la prensa nacional.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) desmintió que el gobierno vaya a cobrarle esa tasa, por mínima que sea, a los peloteros que sean contratados por organizaciones de la MLB.
"Es falso que el gobierno cubano impondrá tasa alguna al salario del jugador que firme en la MLB. ¿Qué dirigente o entidad de la Isla ha dicho tal cosa?", publicó el semanario JIT, órgano oficial del INDER.
Por el contrario, en un esfuerzo por impulsar el acuerdo, se anunció que los jugadores que vengan a Estados Unidos podrán hacerlo acompañados por sus familiares, contrario a lo que sucede con los médicos y otros profesionales que son enviados a prestar servicios al exterior.
Aunque este impuesto adicional sobre los ingresos obtenidos en el exterior había sido previsto en la ley del sistema tributario del 2012, no había sido implementado hasta ahora.
¿A quién creerle entonces?¿A la ministra y a la Gaceta Oficial o al INDER?
Lo cierto es que ese pequeño impuesto podría ser un obstáculo gigantesco para llevar a efecto el acuerdo, que tiene su lado más positivo en la eliminación del riesgo de que los beisbolistas cubanos sean objetos de tráfico humano por parte de grupos delictivos.
Ese cuatro por ciento de impuesto iría a parar directamente a las arcas del estado cubano, que lo utilizaría en lo que mejor le parezca, desde comprar medicinas y alimentos hasta equipamiento para sus órganos represivos.
Eso sería diferente de la llamada tasa de liberación, que los equipos pagarían a la FCB y que en teoría, debe usarse exclusivamente en la revitalización y desarrollo del béisbol en la isla, tal como reza una de las cláusulas del convenio.
Entonces, ese otro dinero, por pequeño que sea, podría tomarse como una violación a la ley del embargo, vigente desde 1962, aunque se haya resquebrajado considerablemente, a pesar de que las causas por las que fue impuesto no han variado y se mantienen incólumes.
Seamos honestos. Si la FCB puede recibir dinero de los clubes estadounidenses se debe a un tecnicismo, más que a una realidad, que abre una hendija por la que se cuelan los abogados cuando quieren conseguir sus objetivos.
Quienes conocen cómo funcionan las cosas en Cuba saben que no hay manera de que la FCB sea un ente independiente del gobierno.
Por ejemplo, la designación de Higinio Vélez al frente de la FCB no fue producto de un proceso eleccionario, como ocurre en otras federaciones del mundo y se hizo a dedo, basado, entre otros méritos, por su lealtad al sistema gobernante.
Pero técnicamente, la FCB es una organización afiliada a la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (CMBS), la cual a su vez está asociada al Comité Olímpico Internacional (COI).
Por ese vericueto legal y con el irrebatible argumento de poner fin al tráfico humano, los negociadores de la MLB habrían convencido al Departamento del Tesoro para que autorizara el pacto.
Pero ahora este cuatro por ciento podría complicar las cosas y darle razones de mucho peso a quienes se oponen a este acuerdo, el cual, por cierto, no rendiría sus primeros frutos hasta el 2 de julio, cuando comience el período de firmas de agentes libres internacionales, entiéndase aquellos peloteros menores de 25 años y con menos de seis temporadas de experiencia en las Series Nacionales de la isla.