MADRID -- De acuerdo con información del diario El País, la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid ha interpuesto una denuncia formal en contra de Cristiano Ronaldo ante el Juzgado de Pozuelo de Alarcón, localidad en la que reside el atacante del Real Madrid, por presuntos delitos contra Hacienda cometidos en los ejercicios de 2011 a 2014 que supondrían un fraude fiscal de 16.5 millones de dólares.
Siempre según el diario español, la fiscalía ha hecho hincapié en que el jugador utilizó una sociedad creada fuera del territorio español en 2010 para “ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen”, por lo que ha estimado que el jugador cometió un delito de incumplimiento “voluntario y consciente” de sus obligaciones fiscales.
Esto después de que en mayo pasado la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) elaborara un informe para la Fiscalía Provincial en el que detalló el procedimiento por el que el jugador del Real Madrid pasó a tributar en España a partir del 1 de 2010 luego de firmar un contrato de trabajo con el club desde 2009 a 2015.
Según el Ministerio Público que lleva el caso, el jugador se inscribió a principios de 2011 en el régimen fiscal aplicable a los trabajadores extranjeros desplazados a España, algo que le permitía una reducción del pago de impuesto al 24%.
Sin embargo, el jugador habría simulado ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, algo que ya habían destapado los documentos filtrados por Football Leaks en diciembre de 2016.
Además, la Fiscalía señala que el jugador dejó “voluntariamente” fuera de su última declaración unos ingresos que la AEAT cifró en 31.8 millones de dólares por derechos de imagen a otra sociedad entre 2015 y 2020.
Según los cálculos de la fiscalía, las cuotas presuntamente defraudadas por año oscilan entre 1.5 millones de dólares, en 2011, y 9.5 millones. en 2014, que en conjunto suman un total de 16.5 millones de dólares.
Según las leyes fiscales españolas, un fraude fiscal se convierte automáticamente en delito en el momento en que la cuota anual defraudada supere los 135 mil dólares y puede ser castigado con penas de prisión que van desde uno hasta cinco años.