La medida también alcanza al empresario español Romero Cotorruelo Menta y a Fernando Miele, ex presidente del club argentino San Lorenzo.

La Cámara de Apelaciones de Buenos Aires argumentó que las pruebas reunidas "no han permitido corroborar el perjuicio patrimonial" a los clubes Boca Juniors y San Lorenzo supuestamente provocado por las contrataciones.

Grondona, presidente de la Asociación del Fúbol (AFA), y Macri, presidente de Boca Juniors, habían sido procesados por presunta "administración fraudulenta" por el juez de instrucción Juan José Mahdjoubian, quien tuvo en cuenta que otros clubes pagaron cifras menores por similares sistemas.

En esa causa también fueron procesados Miele y el empresario español Cotorruelo Menta, titular de la firma Inmark, proveedora de los equipos.

El magistrado había dispuesto embargos sobre los bienes de Macri y Miele por 300.000 pesos (unos 81.000 dólares) a cada uno, y de 100.000 (27.000 dólares) a Grondona y al empresario.

La instalación de los equipos de seguridad es un requisito de la AFA para los clubes de fútbol con la finalidad de prevenir hechos de violencia. Las entidades deportivas que no cumplen con esta medida no pueden utilizar sus estadios, como ocurre con el Racing Club de Avellaneda.

La investigación de la justicia comenzó por una denuncia sobre el presunto pago de sobreprecios en la instalación de los equipos por parte de Boca Juniors y San Lorenzo, las dos entidades que contrataron a la firma Inmark.

Según consta en la causa, el San Lorenzo pagó alrededor de 1,7 millón de dólares y el Boca aproximadamente 1,2 millón de esa misma moneda para la colocación de los sistemas de vídeo, con los avales de la AFA.