El 23 de noviembre, el Camp Nou llevó el odio, personificado en Luis Figo, al último extremo. Los aficionados se dedicaron a lanzar objetos contundentes sobre el terreno de juego y las consecuencias no se hicieron esperar, ya que el Comité de Competición decidió el cierre del Camp Nou por dos encuentros.

El árbitro de aquel encuentro, Medina Cantalejo, suspendió el encuentro temporalmente durante dieciséis minutos y, posteriormente, ordenó la retirada de los jugadores a los vestuarios hasta que cesaron los incidentes.

La batalla del Camp Nou pasó entonces del terreno deportivo al de los despachos. El Barcelona, cuando el 10 de diciembre supo de la sanción (cierre dos partidos y 4.000 euros de multa), inició un rosario de recursos.

Ofreció, como argumento a su favor, una serie de precedentes con casos "similares o más graves" a los incidentes ocurridos en el Camp Nou y que no fueron sancionados con el cierre de los diferentes estadios.

Después un primer recurso ante Competición, por considerar que "la sanción es contraria al ordenamiento jurídico", el Barcelona ya advirtió que iba a agotar todas las vías federativas y dejó en el aire a posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria.

El 27 de diciembre, el Comité de Apelación ratificó en todos los términos la sanción y el club catalán destinó sus esfuerzos hacia el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD).

Mientras tanto ya habían pasado casi dos meses. Los argumentos de la utilización de los órganos federativos del vídeo para sanción y la insistencia en que las medidas de seguridad habían sido las adecuadas atendiendo a un informe policial, no sirvieron de mucho.

Además, paralelamente, el Barcelona recibió un expediente sancionador, por los mismos hechos, procedente de la Delegación del Gobierno de Cataluña (60.000 euros y propuesta de cierre de un mes del Camp Nou) que, a su vez, había recibido la orden de tramitarlo del secretario de Estado para la Seguridad.

El Barcelona adujo, llegado a este punto, que no se podía sancionar dos veces por el mismo hecho e instó a que decidiera en el caso un "órgano jerárquico superior".

Con el paso de los meses, la propuesta de multa de la Delegación del Gobierno aumentó hasta los 70.000 euros, aunque decidió retirar la propuesta de cierre del Camp Nou.

A finales de marzo, el CEDD ratificó el cierre y la batalla entre el club y la Federación Española vivió su mayor virulencia. El Barcelona se sintió perjudicado porque la RFEF no permitió que el club catalán agotará todos los plazos (le quedaba un recurso de reposición ante el CEDD) y solicitó el cumplimiento de la sanción: el cierre del Camp Nou para los encuentros frente al Deportivo y la Real Sociedad.

A principios de abril, la entidad barcelonista amenazó con acudir a la justicia si no se respetaban sus derechos y el día 4 presentó un recurso contencioso-administrativo en los Juzgados Centrales contra la resolución del CEDD.

El Barcelona pidió que se anule la sanción y mientras tanto solicitó que, mientras no se emita una sentencia definitiva, se suspenda cautelarmente la orden de clausura del Camp Nou, extremo que se confirmó el 8 de abril.

Por ello, el encuentro ante el Deportivo (12 de abril) se jugó en la Ciudad Condal y se espera la sentencia definitiva de los tribunales de justicia.

Mientras tanto, el Barcelona vive espectante, muy pendiente de su futuro deportivo e institucional (a causa de la inminencia electoral). Viaja el próximo fin de semana a Madrid, para medirse a su eterno rival. Allí estará el 'odiado' Luis Figo y otro viejo conocido: Ronaldo Luis Nazario de Lima, quien por cierto no jugó en la ida a causa de un proceso febril.