La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia, que juzgó las irregularidades cometidas en la transformación del Atlético en sociedad anónima, condenó también al director general del club, su hijo Miguel Angel Gil, a un año y seis meses de cárcel por un delito de estafa, y a un año al vicepresidente Enrique Cerezo por apropiación indebida.

Según informaron fuentes de la sala, la orden a Gil y Cerezo para que restituyan a la entidad las 236.056 acciones de las que son titulares tiene por objeto sacar éstas a subasta, como había solicitado el fiscal, pero añadieron que la venta no se realizará hasta que el Tribunal Supremo revise la sentencia.

Esta declara probado que, el 30 de junio de 1992, Gil se hizo con la mayoría de las acciones del Atlético sin desembolsar su importe y dice que aunque no se puede afirmar que éste persiguiera lucrarse económicamente, "debe apreciarse (...) el propósito de gozar de las ventajas socioeconómicas que se derivan de ser dueño de un club de fútbol vinculado a la máxima división".

El tribunal reconoce la "situación deficitaria del club" cuando Gil se hizo cargo de la presidencia, en junio de 1987, y añade que si bien "cabe aceptar" que aportó a la entidad dinero de su bolsillo, "por la confusión que él voluntariamente generó no ha podido determinarse la realidad de la deuda" que el Atlético llegó a tener con él.

De hecho, la sala dice que el reconocimiento de deuda que el Atlético otorgó a su presidente "se engloba en una maquinación de Jesús Gil, con la colaboración de Enrique Cerezo, para apoderarse del club" al aproximarse el momento de la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD).

El plan "consistió en ocultar la existencia de la deuda", estimada en 11,7 millones de dólares y que declaró cobrada "con la transmisión por parte del club de un nuevo concepto, el 'contenido económico de los derechos federativos de la plantilla'".

La sentencia también declara probado que la contabilidad del Atlético "estaba maquillada", y dice que éste "hubiera incurrido en causa de disolución si no se hubieran hecho las alteraciones contables".

Además, considera que se cometió un delito de estafa por simulación de contrato cuando la sociedad Promociones Futbolísticas, propiedad de Gil, vendió al club cuatro jugadores -que entonces actuaban en categoría juvenil- adquiridos a la entidad holandesa Harrogate Licence BV.

En 1998, el club abonó a su presidente un total de 16 millones de dólares por los jugadores nigerianos Mbengue, Djana, Oliveira y Lawal supuestamente para "regularizar" la aparente deuda que, por ese mismo importe, mantenía Gil con el Atlético, y que según el acusado en realidad no existía porque respondía a pagos no contabilizados de gastos de la entidad que él había satisfecho de su bolsillo.