<
>

Ángel María Villar y su hijo son enviados a prisión

MADRID -- El presidente de la Federación Española de Futbol Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico del organismo, Juan Padrón, han sido enviados a prisión sin derecho a fianza después de que el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, aceptara la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción formulada este jueves por desvío de fondos de la RFEF.

La Audiencia Nacional ha confirmado el ingreso a “prisión provisional” de los tres acusados, detenidos el martes pasado en el marco de la ‘operación Soule’, que investiga delitos de corrupción dentro de la RFEF. Asimismo, “el magistrado ha acordado la prisión eludible bajo fianza de 100 mil euros” para el secretario técnico de la Federación de Tenerife, Ramón Hernández Baussou, cuarto detenido.

Según reza el auto de prisión, el juez Pedraz imputa delitos de “administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros” a los cuatros detenidos.

De acuerdo con el magistrado, adopción de dichas “medidas cautelares”, responde a la capacidad económica, así como el objetivo de evitar la obstrucción de la investigación que se mantiene en curso y tras la que se esperan varias detenciones más en los próximos días.

Luego de pasar dos días en calidad de detenidos, Ángel María Villar y su hijo Gorka fueron trasladados el jueves por la mañana a la Audiencia Nacional, donde han declarado ante el juez Santiago Pedraz, quien ordenó la investigación y su consecuente detención después de que el Consejo Superior de Deportes interpusiera una denuncia en su contra a principios de 2016, según confirmara la Guardia Civil en días pasados.

El federativo y su hijo son acusados de varios delitos económicos, entre otros, el desvío de fondos de la Federación para asegurarse apoyos en las elecciones, y el haber favorecido a sociedades registradas a su nombre cobrando comisiones millonarias por la organización de varios partidos amistosos de la selección española de futbol desde 2009 a la fecha.

De acuerdo con un comunicado hecho público por la Guardia Civil, tras la detención de los federativos y el registro de las instalaciones de la RFEF y al menos cinco Federaciones Territoriales más, los acusados son investigados desde hace año y medio por presuntos “delitos de corrupción entre particulares, falsedad de documentos, administración desleal y apropiación indebida”.

Según ha trascendido, la denuncia fue interpuesta después de que una auditoría ordenada por el CSD, entonces presidida por Miguel Cardenal, revelara el faltante del cobro de una deuda de hasta 24 millones de euros por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. De acuerdo con diversos medios españoles, las cantidades defraudadas por los Villar podría alcanzar hasta los 50 millones de euros.