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Fiscalía solicitará a representante de Orlegi declare por presunta evasión fiscal

Fuentes comentaron a ESPN que la FGR pidió la judicialización del caso, donde pedirán que el representante del Grupo comparezca


La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a una jueza de Coahuila que un representante de Grupo Orlegi, que preside Alejandro Irarragorri, declare en audiencia sobre la presunta evasión fiscal por 17 millones de pesos, que tiene su origen en una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Fuentes comentaron a ESPN que la FGR solicitó a la Fiscalía de Coahuila darle seguimiento al caso y que la jueza admita convertir un tema administrativo en uno penal; sin embargo, las indagatorias no representan una investigación personal sobre Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi.

El caso que se persigue es porque se presume que Santos Laguna no realizó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los salarios de jugadores y cuerpo técnico en el primer semestre del 2017, por la cantidad de 17 millones de pesos.

No obstante, Grupo Orlegi ha manifestado que hubo una discrepancia en la interpretación del cálculo del ISR y manifestó a las autoridades su disposición con la justicia mexicana.

La Fiscalía General de la República promovió la petición de citar a declarar a un representante de Grupo Orlegi, luego que tuvo acceso a la carpeta de investigación con el amparo que promovió en febrero pasado.

La reforma fiscal del 2019 contempla como delito penal la evasión fiscal y aunque no considera prisión preventiva, se puede sancionar son penas que van desde los tres a nueve años de prisión.

Santos: cuestión de "interpretación" acusación penal contra representantes

El club Santos Laguna emitió un comunicado donde señaló que no ha sido notificado sobre la judicialización en el caso de la presunta evasión fiscal y rechazó acusasiones personales a representantes de Grupo Orlegi en el caso.

"Rechazamos que una cuestión de interpretación se quiera hacer parecer a un tema penal en contra del Club o sus representantes, con fines exclusivamente intimidatorios y violatorios del principio de presunción de inocencia.

"La implicación de personas en el proceso se debe a la supuesta responsabilidad administrativa que correspondería al Club, que en tal caso debe ser oído y vencido en juicio en las instancias administrativas -y no penales- en contra de sus representantes", indica el comunicado.