El club debía comunicar al jugador antes del 15 de mayo si le mantenía su ficha (6 millones de euros anuales) o la reducía a la mitad a cambio de una importante rebaja de su cláusula de rescisión, que pasaría de 36 millones de euros a 1,8 millones.

Sin embargo, la incapacidad de la junta gestora para tomar ninguna decisión que hipoteque el futuro del club hacía inviable un pronunciamiento de la entidad barcelonesa en uno u otro sentido.