Un acuerdo de $375M para poner fin a una demanda de una década entre los luchadores de la UFC y la promoción recibió la aprobación preliminar de un juez de Nevada.
Un juez de Nevada ha emitido la aprobación preliminar para un acuerdo de 375 millones de dólares para concluir la primera de dos demandas antimonopolio contra la UFC.
El mes pasado, la empresa matriz de la UFC, TKO Group, y los demandantes en el caso Le v. Zuffa acordaron resolver una demanda colectiva. Este martes, el juez Richard Franklin Boulware II aprobó los términos del acuerdo, poniendo fin a un litigio que duró una década.
En los próximos meses se celebrará una audiencia para la aprobación final, y el pago final a los cientos de luchadores involucrados se calculará después de que se paguen los honorarios legales.
"La decisión de hoy es una buena noticia para ambas partes", dijo un portavoz de la UFC en una declaración a ESPN. "Estamos encantados de estar un paso más cerca de cerrar el caso Le".
Eric Cramer, abogado principal de los demandantes, señaló que están "extremadamente satisfechos" con la decisión de Boulware.
"Es un logro monumental que proporcionará un alivio significativo a cientos de luchadores de MMA que lo merecen", indicó Cramer en una declaración a MMA Fighting. "Honramos a nuestros valientes representantes demandantes que lucharon por este resultado durante diez años. Y esperamos lograr cambios comerciales significativos y más daños en nuestro segundo caso antimonopolio contra la UFC".
En julio, Boulware rechazó el primer acuerdo de conciliación propuesto de $335 millones, diciendo que la cantidad era demasiado baja ya que combinaba dos demandas diferentes. La cifra de $375 millones acordada en septiembre se centró únicamente en el caso Le v. Zuffa, que abarcó a los peleadores de 2010 a 2017.
Con el acuerdo pendiente, más de 150 peleadores involucrados en la demanda proporcionaron declaraciones instando a que la cantidad se aprobara lo antes posible. Muchos luchadores citaron dificultades financieras y dolencias físicas en sus declaraciones.
"Me enfrento a serios desafíos para cubrir los gastos básicos diarios de comida, alojamiento y transporte y para adquirir las habilidades básicas necesarias para funcionar", sostuvo Shane Carwin, excampeón interino de peso pesado de la UFC, quien agregó que sufre de CTE. "Este dinero realmente cambiaría mi vida y la de otros miembros de la clase".
La demanda antimonopolio data de 2014, cuando Zuffa fue acusado de violar las leyes antimonopolio al pagar a los luchadores de la UFC menos de lo que tenían derecho y perjudicar a otros promotores de MMA con esas prácticas. La demanda alegó que la UFC había obtenido una ventaja injusta en la industria de la MMA a través de años de tácticas anticompetitivas y se había involucrado "en un plan para adquirir y mantener el poder de monopsonio en el mercado de servicios de luchadores profesionales de MMA de élite".
La UFC se había defendido diciendo que había invertido en el deporte y citando promociones rivales que han surgido en las últimas tres décadas como evidencia de un campo de juego igualitario.
La otra demanda antimonopolio, Johnson v. Zuffa, que cubre a los luchadores desde 2017 hasta el presente, sigue en la corte. Esta demanda antimonopolio busca cambios permanentes tanto en los contratos de UFC como en las prácticas comerciales de la promoción.