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Legisladores de Utah votan para anular el veto del gobernador de la prohibición de niñas trans en los deportes

SALT LAKE CITY -- Los legisladores del estado de Utah votaron el viernes a favor de anular el veto del gobernador Spencer Cox a un proyecto de ley que prohibía a las mujeres y niñas transgénero participar en deportes femeninos -- una movida que llega en medio de un debate cultural nacional sobre temas de transgénero.

Antes del veto, la prohibición recibió apoyo de una mayoría de legisladores de Utah, pero se quedó corto de los dos tercios necesarios para anularla. El viernes sus patrocinadores exitosamente voltearon a 10 Republicanos en la Cámara y cinco en el Senado que previamente habían votado en contra de la propuesta.

Cox fue el segundo gobernador republicano esta semana que anula legisladores en una prohibición de participación deportiva, y su carta de veto atrajo atención nacional con un argumento emotivo que tales leyes se enfocan en los niños vulnerables que ya tienen altas tasas de intentos de suicidio. Los líderes empresariales están sonando la alarma de que podría tener un impacto multimillonario para el estado, incluyendo la posible pérdida del Juego de Estrellas de la NBA el año entrante.

Pero la prohibición ganó el apoyo de una base conservadora ruidosa que tiene influencia en particular en la temporada de las primarias estatales de Utah que se lleva a cabo ahora.

Con la anulación del veto de Cox, Utah se convierte en el duodécimo estado en promulgar algún tipo de prohibición de los atletas transgénero en los deportes escolares.

No hace mucho, los esfuerzos por regular la participación de estudiantes transgénero en los deportes escolares no logró ganar terreno en los capitolios, pero en los últimos dos años grupos como el American Principles Project comenzaron un esfuerzo coordinado para promover la legislación a lo largo de la nación. Desde el año pasado, se han presentado prohibiciones en al menos 25 estados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Esta semana, Arizona y Oklahoma aprobaron prohibiciones y las enviaron a sus gobernadores para ser aprobadas.

"Empiezas estas peleas y las inyectas a la política", dijo Terry Schilling, presidente del American Principles Project. "Las apruebas en varios estados y empieza a cobrar vida propia y se Vuelve orgánico. Ayudamos a lanzar esta lucha y estamos ayudando a llevarla a cabo, pero gran parte de esto viene del nivel local".

Los líderes en Utah, que es extremadamente conservador, dicen que necesitan la ley para proteger los deportes de mujeres. Mientras los cambios culturales aumentan la visibilidad LGBTQ, los legisladores argumentan que, sin su intervención, más atletas transgénero con aparentes ventajas físicas podrían eventualmente dominar el panorama y cambiar la naturaleza de los deportes femeninos.

Utah solo tiene una niña trans jugando en los deportes de K-12 que se vería afectada por la prohibición. No ha habido alegatos de que ninguno de los cuatro atletas juveniles transgénero en Utah tengan una ventaja competitiva.

El propietario del Utah Jazz, el empresario de la tecnología Ryan Smith, tuiteó oposición al proyecto de ley, diciendo que fue "acelerado, defectuoso y no resistirá con el tiempo. Espero que podamos hallar una mejor manera".

El equipo también tiene como dueño parcial al All-Star de la NBA, Dwyane Wade, quien tiene una hija transgénero.

Salt Lake City está programado para ser la sede del Juego de Estrellas de la NBA en febrero 2023. El portavoz de la liga Mike Bass ha dicho que la liga está "trabajando de cerca" con el Jazz sobre el tema.

El grupo Visit Salt Lake, que es sede de conferencias, programas y eventos, dijo que la anulación podría costarle al estado $50 millones en ganancias perdidas. El gigante de genealogía con pruebas de ADN basado en Utah, Ancestry.com, también urgió a la legislatura a encontrar otra manera.

El American Principles Project está confiado de que los estados con prohibiciones no enfrentarán boicots como lo hizo Carolina del Norte después de limitar los baños públicos que podían utilizar las personas transgénero. Se enfocó en la legislación en los estados muy poblados, colosos económicos como Texas y Florida que serían más difícil de boicotear, dijo Schilling.

El jueves y el viernes, manifestantes a favor y también en contra de una prohibición protestaron en el Capitolio de Utah, destacando lo que vieron como sus posibles efectos.

Históricamente, Utah ha estado entre los estados más conservadores de la nación. Pero un influjo de nuevos residents y empresas de tecnología, junto a la influencia creciente de la industria del turismo, a menudo allana el camino para un intenso debate sobre problemas sociales en el estado que es la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Las deliberaciones del viernes llegaron después de más de un año de debate y negociación entre conservadores sociales y defensores LGBTQ. La patrocinadora republicana, la Representante Kera Birkeland, trabajó con Cox y los activistas de derechos civiles en Equality Utah antes de presentar legislación que requeriría a los estudiantes-atletas transgénero a comparecer ante una comisión nombrada por el gobierno.

La propuesta, aunque estructurada como un acuerdo mutuo, no logró ganar terreno en ninguno de los dos lados. Los defensores LGBTQ se mostraron en desacuerdo con que los políticos republicanos designaran miembros de comisión y criterios de evaluación que incluyeron medidas corporales tales como la razón de la cadera a la rodilla.

Luego, en las horas finales antes de que la legislatura se iba a retirar más temprano este mes, los legisladores republicamos reemplazaron la legislación con una prohibición total.

Los legisladores anticipan desafíos por parte de la corte parecidos a las prohibiciones bloqueadas en Idaho y Virginia Occidental. La política de Utah se revertiría a la comisión si los tribunales detienen la prohibición.

La amenaza inminente de una demanda preocupa a los distritos escolares y a la Asociación Atlética de Escuelas Preparatorias de Utah, que ha dicho que carece de los fondos para defender la política en corte. Se espera que los legisladores cambien el proyecto de ley para que el dinero estatal cubra los honorarios legales.