BARCELONA -- El Tribunal Supremo confirmó este lunes que la Audiencia de Barcelona será la encargada de juzgar el caso 'Neymar 2', desestimando de forma definitiva el recurso presentado por la empresa DIS y que solicitaba que el juicio se celebrase en Madrid.
En el caso se debe juzgar al futbolista brasileño del PSG, junto a sus padres y los dos últimos presidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, por presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa relacionados con el fichaje de Ney por el club azulgrana en el verano de 2013.
La resolución del Tribunal Supremo estima en su argumentación que no se puede confirmar que los delitos que son objeto de acusación en la causa fueran cometidos totalmente en el extranjero, lo que sí habría provocado su enjuiciamiento en la Audiencia de Madrid, sino que varias acciones de los casos se produjeron en Barcelona.
Tanto Neymar como sus padres y los dos ex presidentes del Barça solicitaron que el juicio se llevase a cabo en Barcelona, a lo que se opuso la Fiscalía, apoyando las tesis de la empresa DIS, que sostiene que teniendo en su poder un 40 por ciento de los derechos federativos del delantero brasileño fue estafada al no recibir lo que debía cuando Ney fue traspasado por el Santos al Barcelona.
La investigación del caso, que se separó de la causa inicial por el fichaje del delantero, comenzó dos años después de su llegada al Barça, a finales de 2015, en la Audiencia Nacional al denunciar el fondo de inversión brasileño DIS (que en el momento del traspaso tenía ese 40 por ciento referido de los derechos de Ney) que el futbolista, su padre y los dirigentes del Barça negociaron el precio del traspaso a sus espaldas para rebajar la cantidad que se le debía pagar a la empresa.
La Fiscalía, apoyada por DIS, mantiene en su acusación una solicitud de dos años de cárcel y diez millones de euros de multa para Neymar, otros dos años de prisión para su padre y uno para su madre como presuntos autores de delitos de corrupción en los negocios y una multa de 1.4 millones de euros para la empresa N&N, gestionada por ambos.
Igualmente, se reclama una multa de 8.4 millones de euros para el Barcelona y de 7 millones para el Santos, además de cinco años de cárcel para el ex presidente del club azulgrana Sandro Rosell, la misma que para Josep Marçia Bartomeu, aunque en este caso la acusación es solamente de DIS como vicepresidente en aquel momento del Barça y conocedor de la operación.