Junto a Eduardo Li la Fiscalía también acusó al que fuese Secretario General en su administración, Rafael ‘Fello’ Vargas
El Ministerio Público de Costa Rica acusará al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol , Eduardo Li, por “presunta administración fraudulenta”, así lo dio a conocer la FEDEFUTBOL mediante un comunicado de prensa.
“El pasado jueves el Ministerio Público comunicó oficialmente a la Federación Costarricense de Fútbol sobre la formulación de la acusación y solicitud de apertura a juicio contra los exfederativos Eduardo Li Sánchez y Rafael Vargas Brenes por el presunto delito de administración fraudulenta”, indica el comunicado de prensa enviado por el máximo organismo del balompié costarricense.
Como lo cita la FEDEFUTBOL en su comunicado de prensa, Rafael ‘Fello’ Vargas también será acusado por el mismo delito, pues en la administración de Eduardo Li, el actual alcalde del cantón de Goicoechea en San José, Costa Rica fue el Secretario General y su firma figura en documentos que resultan como prueba para la acusación de “administración fraudulenta”.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercimen investiga a Eduardo Li desde mediados del 2016, luego que Rodolfo Villalobos, actual presidente de la FEDEFUTBOL, y alto mimebro de CONCACAF, interpusiera una denuncia por el desvío de una cantidad considerable de dinero que FIFA otorgó para la realización de la Copa del Mundo Femenina Sub – 17 que se realizó en el país en el 2014.
“El Ministerio Público también determinó, luego de la respectiva investigación, que el perjuicio inicial para la Fedefútbol asciende a la suma de $172.000”, finaliza el comunicado de prensa.
Los $172.000 corresponderían a la compra de ocho mil balones y cinco mil uniformes que adquirió la FEDEFUTBOL durante la Copa del Mundo Sub – 17, sin embargo, nunca ingresaron a la institución ni mucho menos fueron utilizados durante la cita mundialista.
Eduardo Li fue detenido en el 2015 en Zúrich, Suiza por actos de corrupción relacionados al fútbol, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para ir a juicio donde a finales de ese mismo año se declaró culpable por fraude y extorsión.
En noviembre del 2018, una jueza de Nueva York le concedió la libertad supervisada por dos años. El 7 de diciembre de ese mismo año, ingresó a Costa Rica donde se mantiene actualmente.