El Barcelona no tuvo ninguna responsabilidad de las actividades de la empresa I3 Ventures, que atacó a través de cuentas falsas en las redes sociales a jugadores, exjugadores y opositores de la junta antes de que el club, al descubrirse su existencia, rescindiera el contrato en febrero.
Estas son las conclusiones a las que se ha llegado, una vez presentados los resultados de la auditoria encargada por la entidad a una empresa externa, Pricewaterhouse, para supervisar todo lo sucedido.
La auditoria, cuyo informe consta de 129 páginas, confirmó que los precios pagados por los estudios de monitorización de las redes sociales "no estaban fuera de mercado", según reveló el portavoz Josep Vives, y que algunos de los trabajos a realizar no se llegaron a concluir, por lo que el club ha decidido finalizarlos.
"La junta ha pedido que se traslade una petición a la fiscalía para que se investiguen las responsabilidades contra los autores de los tuits en contra del club, de los jugadores y de su entorno" afirmó Vives, quien explicó que según la auditoría los precios pagados "estaban dentro de los precios de mercado", concluyendo que el Barcelona tiene la intención de iniciar "acciones penales contra quien acusó a miembros del club, reclamando una rectificación a los medios que también lo hicieron y reclamar a las empresas que completen los trabajos" que quedan por finalizar.
Una de las conclusiones más estacadas es que no ha existido administración desleal por parte de la directiva y que nadie puso "la mano en la caja" como en su momento acusó el vicepresidente cesado Emili Rosaud, destacándose que nadie de la junta ordenó perseguir en las redes sociales a personas del entorno azulgrana ni a miembros de la oposición de cara a las elecciones de 2021 o futbolistas del propio club.
"No se cumplieron los protocolos de aprobación internos del club", solventa el informe, dando a entender que no se tramitaron con el orden necesario aunque la junta directiva no era desconocedora de los servicios encargados a I3 Ventures, tras ser informados los directivos en una reunión el 2 y 6 de octubre de 2018 y en una junta formal del 17 de junio de 2019.
"El club no ha tenido nada que ver con la creación de esas cuentas de las redes sociales. No ha encargado ni ha insinuado la creación de ninguna cuenta contra el prestigio de las personas. Y las conclusiones son muy claras en ese sentido" proclamó Vives, quien puso en el plano la honorabilidad de la junta y lamentó todo lo sucedido.
"Ya se sabe que cuando explota un caso como éste se producen grandes portadas... Es verdad que durante los últimos meses hemos mantenido un prudente silencio mientras han existido graves acusaciones. Y hemos actuado así porque ha habido una tercera parte independiente que ha emitido un informe" explicó, solventando que con todo lo sucedido "hay un daño institucional muy importante. ¿Se nos podrá restaurar este daño? No lo creo, pero aspiramos a ello. No se nos da la razón en todo, no nos dice (la auditoría)que es perfecto. Pero dice que no ha habido difamación, que el precio se ajusta a mercado... Y eso hay que ponerlo sobre la mesa".
El portavoz del club afirmó que el señor Masferrer "sigue apartado de sus funciones hasta los análisis finales de la auditoría" y reveló que el informe "no imputa que el club haya intoxicado contra nadie", admitiendo que se "toma nota de las deficiencias de la gestión".
Vives concluyó asegurando que "naturalmente" el Barcelona seguirá monitorizando las redes sociales porque eso "forma parte de las obligaciones y la responsabilidad del club. Nos dimos cuenta que se había generado un ataque artificial al club desde las redes sociales e hicimos lo que hacen las grandes marcas: actuamos. El club decide monitorizar las redes sociales y a partir de ahí el informe corroboró qué estaba pasando. Nuestro objetivo, y obligación, es proteger la marca, a los jugadores, a los empleados, a los socios y socias".