MADRID -- Solo hay dos candidatos viables que se ajustan a las reglas del Comité de Designación Arbitral en el balompié de España para dirigir el clásico Real Madrid vs Barcelona del próximo 21 de noviembre: Carlos Clos Gómez o David Fernández Borbalán.
Luego de que saliera a la luz pública la denuncia de un supuesto árbitro asistente, quien señaló haber sido presionado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para perjudicar al Barcelona, la realidad es que en el campeonato español las designaciones arbitrales se realizan, como mucho, con dos semanas de antelación.
La noticia ha sido recibida con incredulidad por parte de algunas autoridades del futbol español. El resto, se mantienen al margen y han evitado pronunciarse, pues se trata de acusaciones “gravísimas” de acuerdo a las palabras del presidente del Consejo de Deportes, Miguel Cardenal.
Ni siquiera el presidente de la Liga (LFP), Javier Tebas, dio crédito a las acusaciones al considerarla una denuncia “inverosímil” y que “no tiene ningún sentido”, según declaró a la televisión española. Su argumento se basa en que aún “no está designado el árbitro para el partido Real Madrid-Barcelona ni para el resto de la jornada". Precisamente porque se trata del partido con más impacto en el campeonato español y en el que invariablemente se somete a tela de juicio al silbante, éste tiene que cumplir con una serie de requisitos que lo acrediten como capacitado para llevar a cabo esa función.
Aún así, Clos Gómez llega muy justo ya que arbitrará el encuentro del 24 de octubre entre el Celta y el Real Madrid y la regla para elegir al silbante del clásico establece que debe ser alguien que no haya pitado a ninguno de los dos equipos en el último mes.
De acuerdo con el escrito presentado por el abogado del juez de línea, Jacinto Vicente Hernández, su “cliente” habría recibido llamadas del árbitro central con el que trabaja habitualmente, así como el vocal y portavoz del Comité Técnico de Árbitros, José Ángel Jiménez, quien le habría pedido “seguir las instrucciones” bajo amenaza de ver su carrera perjudicada.
Aunque no existen pruebas que sustenten la denuncia presentada el 19 de octubre en la Fiscalía de Barcelona, ha sido admitida a investigación por parte de la Guardia Civil y podría tener consecuencias legales.
Según establece el código penal, que tipifica como delito la “corrupción entre particulares” desde que se introdujo la reforma a instancias de la Unión Europea en 2010, los culpables -- en este caso el árbitro o el vocal del Comité Técnico de Árbitros -- podrían enfrentarse a condenas de entre seis meses y cuatro años, la inhabilitación por hasta seis años y una cuantiosa multa que según estipula el artículo 286 en su apartado 4 Bis, “será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”.
De momento, el Real Madrid no ha sido involucrado directamente en el supuesto intento de manipular el resultado. No obstante, queda en entredicho la transparencia del gremio arbitral, cuestionado desde hace años y en especial cuando se trata de decisiones que favorecen o perjudican a alguno de los ‘dos grandes’.
De ahí el estupor, de algunos, y la cautela de otros.
Pero hasta el momento, ni la Real Federación Española de Futbol, ni el Comité Técnico de Árbitros han tomado una postura.
De hecho, en las oficinas del CTA han declinado pronunciarse y han dejado claro que no habrá ningún tipo de comunicado oficial al respecto, mientras el único señalado con nombre y apellido, José Ángel Jiménez, calificó la denuncia como “inaudito” y “kafkiano”, en una intervención radiofónica.