BARCELONA -- El Barcelona pagó, supuestamente, comisiones al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros Enríquez Negreira. Este es uno de los puntos sobre los que se sustenta la denuncia que este viernes presentó la Fiscalía contra el club azulgrana, además de contra su expresidente Josep Maria Bartomeu, y que de acuerdo con varias fuentes consultadas por ESPN podría llegar a representar un grave perjuicio a la entidad, aunque según estas mismas fuentes el caso, para el Barça debería acabar enfrentándose solamente "al pago de una multa".
Distinto es el escenario al que se enfrenta ante la UEFA, puesto que el organismo internacional, amparado en su normativa, estaría en condiciones de "no invitar al club" a participar en las competiciones que organiza en el caso de ser condenado por la justicia española.
La denuncia de la Fiscalía, que se sustenta a partir de las conclusiones a las que llegaron las investigaciones de la policía, deberá ser admitida a trámite por el juez. La Fiscalía acusa a Enríquez Negreira, a los ex presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los directivos Óscar Grau y Albert Soler, además del club como persona jurídica, por delito continuado de corrupción en los negocios, en modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y otro de falsedad en documento mercantil.
Además de ellos, y en calidad de testigos, se da por hecha la citación de los ex presidentes Joan Gaspart y Sandro Rosell, además de Joan Laporta, con el objeto de argumentar los abonos que hicieron a la empresa de Enríquez Negreira bajo su mandato.
EL JUICIO
Si Bartomeu y sus directivos se enfrentarían a una posible condena de hasta cuatro años de prisión por corrupción y de hasta tres años por administración desleal, al Barça, como club se le abriría un abanico de posibilidades, si fuera considerado culpable por corrupción entre particulares, que iría desde ese pago de una fuerte multa económica hasta, en el peor de los casos, un impensable descenso de categoría, o, en el peor de los casos, la disolución de la entidad.
"Primero se debería probar que el club pagó para favorecerse en algún sentido porque haberlo hecho por unos simples informes, sea o no ético, no es constitutivo de delito”, reveló una de las fuentes, incidiendo en la "mínima posibilidad" de que pudiera probarse que esos pagos fueron realizados para condicionar la competición.
Este será un asunto capital y el de mayor trascendencia para evitar males mayores por parte del club, que podría también verse intervenido judicialmente. No es el caso de la administración desleal, puesto que el Barça deberá explicar detalladamente, y justificar en todos los órdenes, la razón por la que abonó al vicepresidente de los árbitros 1.4 millones de euros en dos años (los investigados) por unos informes y que se entiende un sobreprecio.
"Habrá que ver esos informes. Si trataban del perfil de los árbitros, si existían como se ha publicado, informaciones sobre futbolistas jóvenes... Pero es cierto que es más difícil de defender”, manifestó otra de las fuentes.
LA UEFA
Aunque la UEFA no puede entrar en el caso propiamente dicho "sí debe estar muy pendiente de su resolución", relató la misma fuente consultada porque tiene la potestad de perjudicar al Barça basándose en su propia reglamentación.
En la normativa del organismo continental un club no puede haber estado vinculado en una actividad que haya podido 'influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional', razón por la que en caso de ser condenado, el Barcelona sí podría ser apartado de las competiciones internacionales. "No le puede sancionar pero sí abstenerse de invitarle".
En cualquier caso la resolución judicial no se espera, en absoluto, cercana. "El caso se extenderá algunos años”, incidió la misma fuente, por lo que a pesar de que incluso LaLiga tal y como expresó su presidente Javier Tebas, pueda personarse en la causa, el Barcelona no estaría amenazado a corto plazo en cuanto a su porvenir deportivo.