BARCELONA -- La Fiscalía de Barcelona presentó este viernes una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad contra el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, los ex presidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el director General Òscar Grau y el ejecutivo Albert Soler (ambos bajo el mando de Bartomeu) por un delito continuado de corrupción en los negocios, en modalidad de fraude deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
La denuncia también afecta al club azulgrana como persona jurídica en los mismos hechos.
En su escrito de denuncia, la Fiscalía estima que las cantidades que se pagaron a Enríquez Negreira fueron para "favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club azulgrana", hecho concreto que afecta directamente a la entidad, al margen de los acusados, entre los que se incluyó a última hora a Sandro Rosell por considerar el Ministerio Público que los supuestos delitos de la acusación no han prescrito.
De acuerdo con la ley, si el Juzgado admite a trámite la denuncia y en el juicio se estima la culpabilidad de los acusados, la legislación prevee condenas de hasta cuatro años de prisión por corrupción y de hasta tres años por administración desleal.
En cuanto al club se estima que siendo una persona jurídica, en caso de condena por corrupción debería en el mejor de los casos abonar una multa, pero también podría ser intervenido judicialmente, condenado a un descenso de categoría y, en el peor de los escenarios, sufrir la disolución de la entidad.
La presentación de la demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 se llevó a cabo por parte de la Fiscalía con el objetivo de que en ella se sumen las diligencias que previamente se incoaron tras la querella presentada hace dos semanas por el árbitro Estrada Fernández contra Enríquez Negreira y se sostiene en las investigaciones abiertas hace casi un año por un delito contra la Hacienda Pública del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que desembocó en el conocimiento de estos pagos a su empresa por parte del Barça, que desde el año 2001 y hasta 2018 le habría abonado más de siete millones de euros por un irregular asesoramiento verbal.
El periodo investigado abarca entre 2014 y 2018, bajo la presidencia de Rosell primero y Bartomeu después, periodo en que Negreira percibió 2.9 millones de euros a través de dos empresas que, señala la Fiscalía, "se nutrían en su totalidad de los ingresos procedentes del Barcelona, los cuales eran retirados con cheques al portador".
Las facturas remitidas al club por las empresas del exárbitro "no se correspondían con prestaciones de servicios" expresa el ministerio público, que añade en su escrito que durante la investigación se solicitaron al Barcelona los supuestos videos realizados por Negreira y que el club no facilitó "porque no se había encontrado la documentación requerida.
Concretamente, la Fiscalía estima que en ese periodo de tiempo Enríquez Negreira cobró del Barcelona 7.3 millones de euros en una remuneración "no prevista en los estatutos del club ni aprobada por su asamblea", por lo que no tenían ninguna clase de soporte legal ni estatutario del club.
En la denuncia se pone especial énfasis en que el Comité Técnico de Árbitros es el encargado de la designación de los colegiados en las competiciones oficiales a la vez que responsable de ascensos y descensos de esos mismos colegiados, con lo que la labor de Negreira, y su relación con el Barça, estaría plenamente argumentada en la acusación.