“Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña”.
Esa es exactamente la estrategia que adoptó la junta directiva provisional que fue nombrada esta semana por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) para tratar de revertir la decisión de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas (MLB), que ordenó a sus afiliados abstenerse de participar en la próxima temporada del circuito invernal de la nación sudamericana.
La MLB adoptó tan dura postura, de manera provisional, en respuesta a una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que amplió las sanciones económicas contra el régimen de Nicolás Maduro. La disposición de Trump congela los activos del gobierno de Venezuela y sus entidades asociadas y prohíbe las transacciones económicas con éstos, salvo algunas exenciones.
La orden de la Casa Blanca no menciona tácitamente a la LVBP u otras entidades deportivas venezolanas, pero la MLB actuó en modo preventivo “hasta que reciba la dirección de las agencias relevantes de que la participación de nuestros jugadores afiliados es consistente con la orden ejecutiva".
El principal temor de MLB radica en que el financiamiento que recibe anualmente la LVBP del gobierno venezolano podría convertir al organismo rector de pelota profesional en un asociado indirecto para la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Una comisión de la LVBP, encabezada por su presidente a Giuseppe Palmisano, se reunió el jueves en Miami, Florida, con abogados especialistas en la materia, para redactar un documento que será depositado ante la OFAC el viernes.
“Estamos tratando de desenredar esta situación, buscando a través de la verdad que la OFAC entienda y mande una respuesta positiva a la MLB. El intento hay que hacerlo para que nuestra liga no pierda su vistosidad”, dijo Palmisano a ESPN Digital.
“Muchas familias dependen de la Liga y, sobre todo, muchos jóvenes que sueñan con ser peloteros profesionales. En nuestra Liga se han desarrollo muchos talentos nacionales y extranjeros. Tantos años de trabajo no pueden perderse, no es Justo. Nosotros somos una liga privada con equipos privados. Ese es el argumento y la verdad”, dijo Palmisano.
Palmisano, quien está ligado a la directiva de los Navegantes del Magallanes, el equipo más popular del país, en sustitución de Juan José Ávila, quien renunció sorpresivamente, la semana pasada, argumentando "motivos personales". Humberto Oropeza, presidente de los Cardenales de Lara, y Antonio José Herrera, presidente de los Tiburones de La Guaira, entraron como vicepresidentes del gobierno provisional de la LVBP.
Pese a la prohibición de la MLB, que afecta a todos los peloteros, nativos y extranjeros, en rosters de las Grandes Ligas y las ligas menores, la LVBP sigue trabajando para comenzar su próximo torneo en algún momento entre finales de octubre y principios de noviembre con ocho equipos: Aguilas del Zulia, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua.
De mantenerse la prohibición de MLB, cientos de peloteros, la mayoría con muy bajos salarios en las Ligas Menores de verano, se quedarían sin trabajo, y se vería afectada la calidad de un circuito que ha tenido altos estándares desde su fundación en 1945.
“Incluyendo peloteros, directivos, empleados de tiempo completo y parciales, más de 40 mil personas dependen de la LVBP anualmente. Esto es muy importante para nosotros los venezolanos”, dijo Palmisano.
La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), que regula las relaciones de las ligas caribeñas con la MLB y organiza anualmente la Serie del Caribe que enfrenta a los campeones de cada circuito, monitorea la situación y asesora a la LVBP en los pasos que está dando.
“Estamos haciendo esfuerzos para que esa prohibición se pueda levantar”, dijo Juan Francisco Puello Herrera, comisionado del béisbol caribeño desde República Dominicana.
“En caso de que la LVBP no pueda conseguir eso, trabajamos en una normativa para que los peloteros afectados puedan encontrar trabajo en las otras ligas”, agregó el abogado dominicano.