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La Policía acude al Camp Nou para llevarse documentación del 'Barçagate'

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BARCELONA -- La policía ya interviene de oficio en el escándalo del Barçagate desde que a instancias de la Juez Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se personó en las oficinas del Barça el 29 de junio para solicitar documentación relativa a los contratos del club con la empresa I3 Ventures.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) y del Barcelona confirmaron a ESPN Deportes la información adelantada por el diario La Vanguardia, relativa a esta investigación dirigida por la Unidad contra el blanqueo de capitales de la policía.

"Hay una investigación abierta por parte de Mossos y no se pueden dar detalles de las diligencias" convino una fuente oficial de los Mossos, extremo que también fue admitido desde el club azulgrana, una fuente del cual explicó que la policía se personó en las oficinas "dando cumplimiento a un auto judicial" y que la documentación que se le entregó "fue la misma que previamente se aportó a PriceWaterhouse por la auditoría" que en su día encargó Josep Maria Bartomeu para aclarar el escándalo de las redes sociales.

Dos unidades del cuerpo especial contra el blanqueo de capitales de los Mossos acudieron a las oficinas del Camp Nou habiendo sido alertado el Barcelona con antelación de su llegada, dos semanas después de que la Juez Alejandra Gil admitiera a trámite la denuncia por presunta administración desleal y corrupción entre particulares presentada por un grupo de socios del club bajo la denominación Dignitat Blaugrana.

Dicha denuncia, según confirmaron fuentes judiciales, fue presentada el 14 de abril a raiz del escándalo del Barçagate, según el cual el Barça contrató los servicios de la empresa I3 Ventures para monitorear las redes sociales y que se conoció había creado cuentas en estas redes sociales para defender la actuación de la directiva del club y, lo que provocó a fin de cuentas todo el escándalo, desprestigiar a base de mensajes difamatorios a personas (socios y opositores) no favorables a la gestión de Bartomeu, además de publicar mensajes que no dejaban en buen lugar a futbolistas de la primera plantilla como Leo Messi o Gerard Piqué.

La contratación de I3 Ventures, a finales de 2017, le significó al Barcelona un coste anual de un millón de euros, que el club decidió dividir en facturas inferiores a los 200 mil euros y dirigidas a diferentes secciones de la entidad para no tener que ser aprobadas por la junta directiva.

El caso estalló el 17 de febrero y motivó el cese inmediato en la relación contractual entre el Barça y I3 Ventures, decidido por Josep Maria Bartomeu en un momento muy tenso para él, además de provocar un cisma en la junta que desembocó en el cese/dimisión de hasta seis directivos críticos con la forma de actuar del presidente: los vicepresidentes Emili Rousaud y Enrique Tombas y los directivos Maria Teixidor, Jordi Calsamiglia, Josep Pont y Silvio Elias.

Rousaud, en su momento el elegido para dirigir la candidatura continuista en las elecciones previstas para 2021, llegó a acusar a Bartomeu de corrupción, insinuando que "alguien metió mano en la caja".

La Juez Alejandra Gil lleva en la actualidad la causa que investiga el caso '1-O', por presunta desobediencia y malversación en el proceso independentista de octubre de 2017 y esta sería la razón por la que la magistrada, que tenía la potestad de solicitar directamente al Barcelona la documentación del caso, decidió recurrir a los Mossos, quienes pidieron a los empleados del club información detallada de los contratos con I3 Ventures y la forma en que estos fueron troceados en sus pagos.

El Barça, que asegura una total transparencia y tranquilidad frente a estas pesquisas, no ha sido por ahora imputado como club, de la misma forma que no hay ninguna persona física que, probablemente, sea citada a declarar como testigo según avancen las investigaciones por parte del juzgado, que tratan el posible delito de administración desleal si el precio pagado hubiera sido fuera de mercado y, también un posible delito de corrupción entre particulares si algún directivo o ejecutivo del club hubiera recibido una comisión por la firma de los contratos.