BARCELONA -- El Barcelona deberá llevar a cabo el referéndum del voto de censura, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para confirmar, siempre que se supere el 66.6 por ciento de los sufragios favorables, la salida de la directiva de Josep Maria Bartomeu.
El cierre de la Mesa de validación sumó un total de 19 mil 532 firmas (3 mil 12 por encima del mínimo exigido) y la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Catalunya confirmó su celebración "bajo estrictos protocolos de seguridad", obligando al club a una convocatoria que desde su seno se quiso frenar alegando que la situación que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus desaconsejaba dicha votación.
La jornada de votación, que debería celebrarse antes del 3 de noviembre, ha encontrado una oposición firme por parte de la junta directiva, que denunció ante la Guardia Civil la existencia de una serie de firmas falsas (cinco concretamente) que extrapolándose a un estudio mucho más profundo, según las estimaciones de los abogados del club azulgrana, podría alcanzar un número mucho más significativo, por más que entre los impulsores de la moción se considera "imposible" frenar la votación.
"El club tiene indicios de irregularidades, a partir de lo contrastado con grafólogos que han descubierto esta serie de papeletas”, afirmó en declaraciones a RAC1 Eloi Castellarnaum, abogado contratado por el Barcelona para interponer ante la Guardia Civil dicha denuncia, que es la última opción a la que se aferra Bartomeu para frenar el voto de censura.
Romà Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos del Barcelona, afirmó que el club no impugnará la resolución de la Generalitat "aunque no entendemos que nos recomiende no hacer la asamblea de compromisarios y sí nos autorice a hacer el voto de censura", si bien la Junta azulgrana dispone de tres días para recurrir la decisión de la Mesa de instar a la convocatoria del referéndum.
Gómez Ponti solventó que esta opción es plausible tras la denuncia a la Guardia Civil, "que está investigando la trama de los 2,800 carnets de uso fraudulento que se destapó en el Barça-Madrid del 2018 y entendiendo que ahora podría estar ocurriendo una situación similar. El problema no son las firmas defectuosas y apartadas, sino lo que puede haber con las firmas formalmente buenas".
A partir de aquí, si la Guardia Civil contemplase esas posibles irregularidades, un juez podría frenar el referéndum, si bien la directiva aún podría acudir al Tribunal de Apelación de la Federación Catalana de Fútbol y en tercera instancia al Tribunal Catalán del Deporte.
LA OPOSICIÓN, INDIGNADA
"No tenemos dudas de que la votación se llevará a cabo. Y a cada minuto que pasa, a cada nuevo movimiento de la junta, tenemos más claro que tienen miedo de algo que no sabemos qué es”, explicó Marc Duch, portavoz de los impulsores de la moción de censura a ESPN Deportes, quien además mostró su incredulidad ante todos los intentos de la Junta del club por frenar el voto.
"El primer día se reían de nosotros y cuando empezaron a ver que esto iba adelante, que nos acercábamos a firmas, ya se movieron. Denunciaron al presidente de la Mesa, trasladaron a la opinión pública a través de terceros la sospecha de que podían haber hasta 10 mil firmas falsas... Y al final se han encontrado cinco, ¡cinco firmas falsas! a partir de las que quieren paralizarlo todo”, relató Duch, quien se preguntó "¿Por qué se agarra Bartomeu al sillón con esta rabia?".
"El escándalo es tal, es tan grande y sin ningún fundamento, que nos hace preguntar si hay alguna razón que desconocemos porque han revisado firmas sin permiso de la mesa cruzando datos de socios e incluso han violado la Ley de Protección de Datos. Queremos votar, vamos a votar y les vamos a ganar”, proclamó el portavoz de la moción, sentenciando que a partir de ahí "quizá se descubran cosas muy graves".